El que fuera alcalde de El Puerto, Hernán Díaz, así como el ex-concejal de urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, podrían enfrentarse a una condena de dos años de cárcel y nueve de inhabilitación especial para desempeñar cualquier cargo público. Así se desprende de la petición realizada por el fiscal en el caso de la urbanización irregular de Pinar de Coig, un suelo no urbanizable y protegido en el que se construyeron viviendas durante el mandato de Independientes Portuenses. Estas son las consecuencias de una política caciquil característica de etapas de la historia que no son propias del siglo en el que vivimos. Las consecuencias reales no son esas. Que un político pague sus irresponsabilidades y su negligencia dando con los huesos en una celda, es poco para lo que se avecina en la realidad. Si bien es cierto que en Pinar de Coig alguno tiene construida una segunda residencia donde pasar los períodos vacacionales o los fines de semana, otros muchos residen en esas casas.
El problema real lo tienen esas familias, esas a las que les permitieron habitar en esas viviendas ilegales y que si se las derriban van a ir a las colas de Suvipuerto para que le proporcionen una casa o piso de los que escasean, los famosamente conocidos VPO. Estos ciudadanos son los mismos que ahora piden agua y luz. Un gran problema heredado. Si es justo o no que se legalicen esas construcciones da lugar a muchas opiniones y lo peor es que sea cual sea la decisión que se tome en la junta, en el ayuntamiento o los tribunales no va a dejar satisfecho a nadie.
Además con el tiempo que ha pasado desde que se denunciaron las viviendas ilegales y la cantidad de veces que hemos visto publicados titulares que anuncian inhabilitaciones y posibles condenas de cárcel, ni siquiera provoca un interés especial.
La justicia será lenta, pero aunque haya pasado mucho tiempo y los ciudadanos y responsables políticos miren hacia el futuro, está claro que la prevaricación es un delito ahora y hace cinco años.
El problema real lo tienen esas familias, esas a las que les permitieron habitar en esas viviendas ilegales y que si se las derriban van a ir a las colas de Suvipuerto para que le proporcionen una casa o piso de los que escasean, los famosamente conocidos VPO. Estos ciudadanos son los mismos que ahora piden agua y luz. Un gran problema heredado. Si es justo o no que se legalicen esas construcciones da lugar a muchas opiniones y lo peor es que sea cual sea la decisión que se tome en la junta, en el ayuntamiento o los tribunales no va a dejar satisfecho a nadie.
Además con el tiempo que ha pasado desde que se denunciaron las viviendas ilegales y la cantidad de veces que hemos visto publicados titulares que anuncian inhabilitaciones y posibles condenas de cárcel, ni siquiera provoca un interés especial.
La justicia será lenta, pero aunque haya pasado mucho tiempo y los ciudadanos y responsables políticos miren hacia el futuro, está claro que la prevaricación es un delito ahora y hace cinco años.
Media Etiqueta. Noticias Locales 13 de Septiembre 2008
No hay comentarios:
Publicar un comentario