Últimamente da la sensación de que la democracia ha cambiado de reglas. Antes, cuando aparecían dudas sobre la gestión del dine
ro público, se respondía con explicaciones. Ahora, demasiadas veces, se responde acusando de persecución a quien pregunta.
Y no, no es lo mismo.
Preguntar no es condenar. Opinar no es sentenciar. Para eso están los juzgados, que determinarán, si llega el caso, si alguien ha cometido o no algún delito. Pero entre una sentencia y el silencio existe un espacio irrenunciable en democracia: el pensamiento crítico.
Los ciudadanos no estamos obligados a suspender nuestro juicio hasta que un juez hable. Tenemos derecho a preguntarnos por qué unas empresas obtienen determinados contratos, por qué determinadas circunstancias llaman la atención o por qué las explicaciones oficiales se reducen, una y otra vez, a un tranquilizador "todo es legal".
Porque la legalidad no puede convertirse en un acto de fe.
La fe pertenece a las iglesias. A las administraciones públicas les corresponde otra cosa: explicar. Convencer. Rendir cuentas.
Lo preocupante no es que haya periodistas, ciudadanos o usuarios de redes sociales que hagan preguntas. Lo preocupante es que se pretenda convertir esas preguntas en una forma de persecución. Como si fiscalizar al poder fuese una falta de respeto y no una obligación democrática.
Tan preocupante como eso resulta el papel de una oposición que, salvo contadas excepciones, está ofreciendo una respuesta demasiado discreta para la magnitud del debate. Es cierto que dispone de menos medios y menos recursos que quien gobierna, pero esa desventaja no puede justificar una fiscalización tan débil. Quien se presenta a unas elecciones también asume el compromiso de controlar al gobierno, de pedir explicaciones y de representar a quienes esperan una oposición vigilante, no resignada.
Las casualidades, por sí solas, no prueban nada. Pero tampoco obligan a dejar de pensar. Cuando los hechos públicos generan dudas razonables, lo inteligente no es pedir un acto de fe. Lo inteligente es ofrecer explicaciones.
Porque gobernar no consiste en pedir confianza ciega. Consiste en merecerla.
Y si cada vez que alguien pregunta la respuesta es, en el fondo, "a usted no le incumbe", quizá convenga recordar algo muy sencillo.
Cuando se trata del dinero público, sí nos incumbe.
Y mucho.
